Tal como el gobierno nacional se encargó de anticipar en los últimos días (a través de las presiones públicas de la propia Presidenta de la Nación, de cables de la agencia oficial Télam y de informes de Canal 7) el pedido de indagatoria contra los accionistas de los diarios Clarín y La Nación, por parte de un fiscal afín al oficialismo, no se hizo esperar.
Todo el aparato de comunicación oficial vino preparando el terreno para esta solicitud de un fiscal subrogante que, hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa. Un expediente en el cual todo lo acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla.
Es evidente que la estrategia oficial apunta a distraer la atención pública sobre las causas judiciales que conmueven al gobierno. En pocos días, la Presidenta mencionó el caso Papel Prensa en una carta publicada en su Facebook, el oficialismo blandió enormes carteles en la Plaza del Congreso y la agencia Télam publicó un inverosímil cable -sin noticia alguna- para presionar desembozadamente a la justicia y anticipar los pasos del nuevo fiscal.
De hecho, la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan. Sin explicación alguna, la procuradora desplazó al fiscal que venía actuando en la causa, evidentemente porque el objetivo oficial es que la misma avance en una dirección distinta a la que indican las pruebas del expediente.
En efecto, la decisión de imponer arbitrariamente a Gómez Barbella se inserta en la disconformidad del gobierno con la evolución de la causa. El fiscal anterior –cuya designación sí era válida y no se encontraba vencida- consideró que no había elementos que ameritaran una declaración indagatoria, rechazando así la pretensión impulsada por otros miembros de Justicia Legítima que no eran parte en el proceso, como los fiscales Alagia, Auat y Friele, que fueron denunciados penalmente por ello.
La falta de imparcialidad de la procuradora en este tema se hizo explícita en numerosas ocasiones, incluyendo una exposición con referencias falaces e injuriosas a Papel Prensa en la audiencia pública sobre la ley de medios ante la Corte Suprema en 2013.
En este caso se intenta reeditar una causa ya juzgada en democracia, en la cual la compra de la empresa por parte de los diarios no mereció objeción alguna. Incluso, el actual expediente se inició con declaraciones contradictorias de los propios denunciantes, que primero dijeron haber vendido detenidos y luego se desdijeron. El organizador de la denuncia fue el ex secretario Guillermo Moreno, quien actualmente se encuentra imputado en una causa penal por la recolección irregular de supuesto material para este caso, al pasar por alto la intervención del Poder Judicial.
También en el transcurso de la causa quedó descartado -por el propio vendedor- que se haya pagado un precio incorrecto; se acreditó que la totalidad del mismo fue consignada judicialmente; que hubo negociaciones previas a la firma del contrato; que las detenciones de los Graiver se produjeron entre 4 y 7 meses después de la firma de la venta; y que el objeto de la operación era una planta industrial que no estaba en funcionamiento y que llevó casi 2 años y millones de dólares de inversión inaugurar. Asimismo quedó claro que la conformidad estatal con la operación era una obligación estatutaria de la empresa, lo que fue explicado por los diarios en una solicitada. Y que la venta de la empresa se debió a las exigencias de Montoneros para que los Graiver les devolvieran el dinero del secuestro de los hermanos Born. De hecho está probado que los Graiver –ya en democracia– les devolvieron a los Born varios millones de dólares.
En definitiva, luego de más de 4 años de investigación, que comenzaron con una conferencia de prensa de la presidenta el 24 de agosto de 2010, no se ha logrado recolectar ninguna evidencia que indique irregularidad alguna en la operación.
En conclusión, no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad. Se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2015
Gabriel Cavallo
Hugo Wortman Jofré
Alejandro Pérez Chada
