Inició su carrera judicial en el año 1981, desempeñándose primero en el escalafón administrativo en el fuero en lo Criminal y Correccional de Instrucción, específicamente en Defensorías ante los Juzgados de Instrucción y en la Fiscalía ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Entre 1993 y 1995 fue fiscal federal en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2.

En el año 1995 asumió el cargo de juez federal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4. En el año 2001 fue designado por el Consejo de la Magistratura de la Nación como Juez de Cámara para desempeñarse en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, de la que fue Presidente en el año 2006.

En su trayectoria, formó parte de decisiones de relevancia tal como la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” en el Caso Poblete de 2001 (que dio lugar a la reapertura judicial de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura militar de 1976-1983).

Desde entonces, sus resoluciones y sentencias como juez denotaron una preocupación por la defensa de los derechos ciudadanos ante casos de violencia estatal durante la dictadura y la democracia. Así, intervino en la revisión de resoluciones de casos de apropiación y desaparición de menores durante la última dictadura militar y procesó a agentes de la policía que abrieron fuego contra las manifestaciones durante el 2000 y el 2001.

Por otra parte, como juez federal participó y condujo importantes investigaciones relacionadas con el narcotráfico, delitos económicos y otros crímenes internacionales. Por ejemplo, instruyó la causa en la que resultara imputada la viuda de Pablo Escobar y a su hijo por asociación ilícita y lavado de dinero. Además, llevó adelante numerosas investigaciones complejas que posibilitaron el secuestro de gran cantidad de material estupefaciente.

Como magistrado investigó y decretó el procesamiento de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de Poder Legislativo y del Poder Judicial. En este sentido, procesó a funcionarios y empresarios en el caso denominado IBM-DGI por el pago de sobreprecios. Además, fue parte de la actuación contra Ángel Tonietto, exinterventor del PAMI, por omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de fraude contra el Estado, entre tantas otras actuaciones.

En su desempeño como abogado en la actividad privada, no abandonó los casos complejos y relevantes. En este sentido, fue partícipe de varios casos de defensa de la libertad de expresión, asesorando a asociaciones civiles, empresas y sindicatos.

Desde 1992, cumplió funciones en todos los estamentos del escalafón administrativo en el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2 y las Fiscalías Federales Nros. 2, 6 y 7. Más adelante, entre 1998 y 2004 se desempeñó como secretario de diferentes juzgados nacionales del fuero Criminal y Correccional. En el año 2004 fue nombrado Subdirector de Derechos Humanos y Política Criminal de la Procuración General de la Nación.

Desde el año 2006 se desempeña como socio del estudio JC Abogados y Asociados.

En su carrera judicial, participó de numerosas investigaciones contra la criminalidad financiera, además de otros casos complejos de competencia federal. Trabajó como secretario en el caso “Poblete” que daría lugar a un cambio en la jurisprudencia y a la nulidad e inconstitucionalidad de las llamadas leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”.

Fue docente en la Universidad de Palermo de materias de derecho penal y procesal penal. Es autor de diversas publicaciones en el área del derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal internacional y derecho constitucional.

Su actividad académica lo llevó a ser becado por el “Washington Collage of Law”, American University, Washington DC, para programa de verano en Derecho Internacional en 2003.