La decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado que decreta el sobreseimiento de Ernestina Herrera de Noble pone fin a casi quince años de injusta persecución. Si bien la resolución todavía no se encuentra firme porque seguramente el fiscal del caso la cuestionará, lo resuelto es un paso importante para la tranquilidad no sólo de Ernestina Laura Herrera de Noble sino también de sus hijos Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera, que se vieron envueltos en una trama en la que se los atacó como meros objetos.

Desde 2001, año en que comenzó la causa, han cambiado varios titulares del Poder Ejecutivo, se ha renovado varias veces el Congreso, varias veces ha cambiado la integración de la Corte Suprema y la titularidad de la Procuración General de la Nación. A pesar del cambio en la integración de todas las instituciones del país, la persecución sobre Ernestina Herrera de Noble se mostró como un hecho invariable. Desde este punto de vista, el cierre de la causa y el consecuente fin de la persecución penal en su contra es una excelente noticia no sólo para su familia y amigos sino para quienes defienden todos los días las políticas de derechos humanos y la plena vigencia de las garantías constitucionales. Pero esta alegría no alcanza para ocultar las circunstancias en las que se motorizó y produjo la persecución que derivó en la resolución que hoy es noticia.

La decisión de sobreseimiento resulta tardía porque hace ya cuatro años tanto la administración de justicia como toda la sociedad conocen que Felipe y Marcela Noble Herrera no son hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Del mismo modo, se ha probado fehacientemente hace más de cuatro años que Ernestina Herrera de Noble es inocente de todas las imputaciones que le formularon y mantuvieron los fiscales, jueces de instrucción de San Isidro, jueces de la Cámara Federal de San Martín y de la Cámara Federal de Casación Penal. En la resolución de sobreseimiento se insiste injustificadamente en que la negativa a proporcionar material genético por parte de los hermanos Felipe y Marcela fue causa de demoras cuando, en realidad, desde el año 2003 muestras con material genético de los hermanos se encontraban en custodia de la Corte Suprema de Justicia para su peritación. Sin embargo, debemos destacar que más allá de esta situación puntual, siempre las demoras en la instrumentación de soluciones recaen sobre los funcionarios y no sobre los justiciables, sean acusados, terceros, o simplemente víctimas.

Pero lo más importante para destacar en este momento es la forma en la que se pretendió criminalizar a Ernestina Herrera de Noble porque fue un hecho nunca visto en un contexto democrático. El Poder Ejecutivo por intermedio de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el ex jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández (entre otros funcionarios) se interesaron personalmente en una causa judicial y afirmaron públicamente la culpabilidad de Ernestina Herrera de Noble. Los medios de comunicación alineados con la ex titular del Poder Ejecutivo se encargaron montar la escena de la culpabilidad como un hecho consumado, aun cuando la administración de justicia estaba en plena investigación, provocando una presión nunca vista sobre los funcionarios judiciales que tenían intervención en el caso. Asimismo, se motorizó a la sociedad en su conjunto para estigmatizar a quienes trabajaban o consumían productos del Grupo Clarín en una campaña que se denominó “Devuelvan a los nietos”. Todos estos hechos de presión mediática, de abuso de autoridad y de intromisión en los asuntos judiciales por parte del Poder Ejecutivo debieron ser soportados por la familia y, también, por personas ajenas a los hechos como los trabajadores de los medios de comunicación del Grupo Clarín.

En este contexto, ninguno de todos los funcionarios y magistrados que intervinieron en el caso se atrevió a poner fin a esta injusta persecución a pesar de que la evidencia demostraba que la acusación de apropiación de niños era totalmente falsa. El fin de la causa tampoco puede hacernos olvidar la humillante forma urdida por la jueza en la que se produjo la detención de Felipe y Marcela Noble Herrera para intentar obtener muestras genéticas cuando, como ya se dijo, el juzgado ya contaba con ese material desde el año 2003. Agotados por la forma en la que estaban siendo perseguidos, en el año 2011 Felipe y Marcela ofrecieron nuevamente muestras genéticas en forma voluntaria para que se cotejara esa información con todo el material del Banco Nacional de Datos Genéticos. El peritaje confirmó que no eran personas desaparecidas por la dictadura militar.

Tampoco puede soslayarse en este momento que la administración de justicia y todo el aparato de persecución penal del Estado se puso al servicio del gobierno de turno para alimentar una injusta persecución motivada en razones políticas contra la Directora de un grupo de medios de comunicación crítico del régimen gobernante.

En otras palabras, la persecución penal a familia Noble Herrera fue uno de los medios para conseguir extorsivamente adhesiones políticas a un gobierno y la administración de justicia no sólo toleró sino que formó parte de ese plan. El daño producido a la tranquilidad familiar, al buen nombre, al honor y reputación resulta reparable con acciones judiciales contra funcionarios y/o el propio Estado Nacional, acciones que deberán evaluar los afectados en su momento; pero el daño institucional que se ha provocado al utilizar el aparato de persecución penal con fines políticos es un hecho irreparable

 

Fuente: https://www.clarin.com/opinion/familia-noble-herrera-jueza-arroyo-salgado-cristina-fernandez-kirchner-banco-nacional-datos-geneticos_0_By8gH_AdPQe.html