El País: Un largo camino por los tribunales
La explosiva decisión del juez Cavallo de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida llegará al Supremo. Por Francesc Relea
La explosiva decisión del juez Cavallo de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida llegará al Supremo. Por Francesc Relea
El 24 de marzo de 1998, la Cámara de Diputados argentina derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Uno de los proponentes de la derogación, el diputado Alfredo Bravo, confesaba al periodista Miguel Bonasso su deseo más íntimo: 'Ahora lo que hace falta es que aparezca un juez con un buen par de bolas y declare la inconstitucionalidad de esas leyes de mierda'. Bien, pues ese día ya ha llegado, de la mano del juez Gabriel Cavallo. 'Es la causa más importante en la que me ha tocado trabajar', ha dicho este magistrado de 42 años.
Tras la previsible apelación de los abogados de los represores, corresponderá a la Sala Segunda de la Cámara Federal confirmar o rechazar los razonamientos en el fallo de Cavallo. En anteriores ocasiones, los miembros de este tribunal han considerado que no se puede invocar las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida en hechos atroces o aberrantes como el robo de hijos de desaparecidos, y que tales leyes no son de cumplimiento obligatorio, sino que deben ser evaluadas en cada caso.
La siguiente instancia es la Corte de Casación y, por último, el recurso llegará hasta la Corte Suprema. El alto tribunal convalidó la ley de Obediencia Debida en 1987, con el voto favorable de tres jueces que permanecen en la Suprema. Uno de ellos, Enrique Petracchi, descalificó en sus fundamentos el concepto de obediencia debida aunque apoyó la ley por 'la particular coyuntura política' de la época, en la que los militares golpistas acosaban con fuerza al Gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
Hoy las circunstancias políticas de Argentina son completamente distintas, lo que induce a pensar en un voto distinto de estos jueces.
En la larga explicación del fallo del martes, el juez Cavallo recuerda el caso de la extradición del nazi Erich Priebke, en el que la Corte Suprema aceptó el derecho de gentes, esgrimido por el magistrado en su resolución, al considerar que los delitos cometidos por el antiguo oficial de las SS alemanas no prescribían. ¿Por qué no adoptar el mismo criterio ante crímenes cometidos en territorio argentino por militares argentinos?, se preguntaba el juez. Una reciente encuesta del diario Clarín señala que el 78% de los argentinos está a favor de la nulidad de las leyes y de la reanudación de los juicios contra los militares implicados en la llamada guerra sucia.
Fuente: https://elpais.com/diario/2001/03/08/internacional/984006005_850215.html